lunes, abril 11, 2016

En Paine Monsanto ataca de nuevo


Desde la radio La Voz de Paine, sus habitantes preparan la defensa

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de Santiago,  en el  Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La industria no entregó un estudio de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por técnicos más que por cualquier interesado.

Con una reputación cada vez peor en Europa,  la transnacional no logró imponer allí los cultivos transgénicos  y ve cuestionado en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato. Por eso, esta  industria productora de agrotóxicos y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado, Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró,  su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia, según informó recientemente Europa Press.  En Chile, los cultivos  de semillas transgénica de exportación des bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016    a ocupar tan sólo  9.582 hectáreas, lo que podría de estar relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con ciudadanía activa,  vienen de vuelta del boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.
Participación ciudadana
Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto ubicada en su territorio.  En sus estudios, la radio La Voz de Paine está inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria.  En el proceso buscarán establecer los daños a la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con agrotóxicos.
La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Monsanto contrató una firma consultora para implementar la
participación ciudadana  y convencer a los habitantes de las “bondades” del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras noticias sobre un proyecto que  para los más informados, no presagia nada bueno.  En Paine Monsanto tiene más de 40 hectáreas, desde luego ubicadas lejos de  la plaza del pueblo, la cual pertenece  a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA Chile.  Pero en Paine funcionan también una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal  no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que se han establecidos desde que  en el año 2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.
Las debilidades de la participación ciudadana a nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.
Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter del proyecto de expansión de Monsanto. En  Argentina esta  industria, ya conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella,   no logró construir  una planta anunciada como "la más grande de América Latina" en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores del lugar, que establecieron un “acampe”  y demandas judiciales que impidieron su avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine  no se descarta. Monsanto calla.


El TPP y la semilla

Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP, en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social y está asociada al Convenio UPOV91.  Pero la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las transnacionales. Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros relacionados con el comercio agrícola.  La expansión de la planta  permitirá que Monsanto se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.

Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba su suministro de agua .  La declaración de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental,  y lograron detener el proyecto de esa empresa del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva zona de sacrificio,  sin duda recogerán las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores de la semilla campesina y del buen vivir.



sábado, enero 23, 2016

Video de marcha en Santiago contra el TPP


Protestan en Chile por tratado que firmará Bachelet con EEUU.ALERTA CHILEEn distintas ciudades de Chile, organizaciones sociales y la plataforma Chile Mejor Sin TPP, manifestaron un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet, al polémico e inconsulto acuerdo de asociación de libre comercio, promovido por Estados Unidos y que incluye a México y Perú. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto.Fuertemente promovido por Estados Unidos, el tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas de espalda a la comunidad de los países afectados. Hoy, todo lo que sabemos al respecto, es gracias a filtraciones de los textos oficiales, como las realizadas por Wikileaks entre noviembre de 2013
Posted by Prensa opal chile on sábado, 23 de enero de 2016

lunes, enero 04, 2016

Por twitter diputado Fuad Chahin anuncia que votará contra el TPP

Diputado Fuad Chahin votará contra el TPPi

El anuncio es la respuesta a una interpelación hecha por organizaciones sociales, ambientales e indígenas de la Araucanía en carta fechada el pasado 31 de diciembre, en la que dieron un plazo de 10 días a todos los parlamentarios de su regiónpara definirse en este tema.

Nos alegra la decisión del diputado, a quien saludamos con entusiasmo y felicitamos a quienes siguieron el camino de hacer ver a diputados y senadores que su deber es representar al pueblo y no a las transnacionales.

domingo, diciembre 20, 2015

El Acuerdo Transpacífico TPP o Cómo privatizar la semilla y sumar biopiratería

       

 ¡De repente nos encontramos ad portas del gobierno directo de las transnacionales! Corporaciones como Monsanto, las farmacéuticas, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboraron en secreto junto a una elite de negociadores de la casta empresarial/estatal de doce países,  una ley para todos sus habitantes. Denominaron el resultado como “Acuerdo Transpacífico” (TPP), y la Presidenta Bachelet lo firmará en febrero – cuando Chile está en “receso” vacacional - para recién entonces enviársela al parlamento. A partir de marzo senadores y diputados deberán decir sí o no. Hasta ayer no más, ellos tampoco tenían idea de qué iban a contener los 30 capítulos, sus anexos y demases porque sólo a fines de octubre se hicieron públicos los contenidos y aún no son definitivos los textos ni sus traducciones. A partir de marzo podrán reivindicar o no su rol como representantes electos por los y las ciudadanas, o elegirán ser comparsa nacional de las transnacionales y sus socios chilenos. Están en la mira de sus electores.

Son muchos los impactos negativos del Tratado, presentado como el acuerdo comercial más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables y de lo que menos habla es de comercio. Aquí  sólo nos referiremos a qué pasará con la semilla campesina e indígena y con la biodiversidad,  si se aprueba este tratado.

Resucitan la “Ley Monsanto”

Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto.  Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas.  El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo.7.2., letra d) obliga a Chile ratificar el Convenio UPOV 91 (de propiedad intelectual de las semillas).Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores,  que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91.

Ante la presión social, al inicio de su mandato,  la Presidenta Bachelet había suspendido la tramitación final por el Senado de la “Ley Monsanto” (proyecto de Ley de Obtentores Vegetales) por sus implicancias en la soberanía alimentaria y la biodiversidad. Por eso  no  pudo promulgar el Convenio UPOV 91,  aprobado el año 2011 por el Senado.  Reponer la Ley Monsanto a través del TPP, significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al  libre intercambio de semillas, y extender  el registro de semillas a todas las variedades vegetales, encareciendo aún más el costo de la semilla. El resultado será aumentar más la  emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, generando así el espacio físico requerido para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras,  los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados, más caros. La  agroindustria además, orientada a la exportación dejará en el país sólo lo no exportable y las “cadenas cortas” consumidor – productor que se presentan como alternativas nuevas y saludables,  abortarán por disminución de la oferta de productores rurales.  

Biopiratería legal

En este mismo capítulo 18, en el párrafo 16.d hablando de “cooperación” el TPP impulsa además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento (ancestral) indígena sobre plantas. Obviamente eso indica que los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente por las organizaciones de los pueblos originarios que habitan Chile y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales ya han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería y nada dice respecto de nuevos protocolos internacionales referidos a estos asuntos.

 Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. En cambio Chile ni siquiera prevé la Consulta Indígena según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169.
Tratados anteriores con USA y la Unión Europea ya exigían a Chile ratificar el Convenio UPOV 91. La diferencia es que ahora, si el Estado no cumple, cualquiera de las empresas inversoras de los 11 países miembros del tratado  puede llevar a Chile a tribunales internacionales (CIADI) cuyas sentencias – inapelables-  en forma  mayoritaria son en contra de los países en desarrollo,  y  de altísimo costo.

Tutela sobre leyes

Las disposiciones del TPP afectan la soberanía nacional,  ya que su maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo  2  sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10  establece un  Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que  analizará   las  leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Cualquier regulación que pretenda proteger nuestra salud y el ambiente, por ejemplo a través de la moratoria a los cultivos transgénicos y el etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas que regulen la existencia de  compras públicas de alimentos agroecológicos/orgánicos para comedores escolares u hospitales podrían ser consideradas como un obstáculo al comercio y quedarían “congeladas”. Porque existe el capítulo 15 sobre Compras del Sector Público y un Capítulo 8 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.   Estas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria, definidas sólo por la empresa. El Estado no se arriesgará a posibles demandas  porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados); y el Capítulo 9 sobre inversiones que regula estos temas. El tratado opera como un candado a normas rigurosas que permitan mayor protección de nuestra salud y de la biodiversidad.

Contaminación sin castigo

 En el ya citado capítulo 2,  su párrafo 29 se cuida  de asegurar la exportación ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad o las del Codex Alimentario.  Desoyendo las demandas ambientalistas Chile, alineado con Estados Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la exportación de transgénicos.  Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del Protocolo de Cartagena, impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares internacionales frente a la contaminación de embarques con niveles bajos de transgénicos, y no cuantificar el nivel de contaminación a permitirse

En los últimos años, las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades fueron devueltas a Chile desde Alemania, que las rechazó. La falta de control de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos (Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también podrían ser demandados por las transnacionales.



Por Lucía Sepúlveda R. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, vocera para la RM de la campaña nacional Yo NO Quiero Transgénicos en Chile.

Fuentes a consultar para saber más:
Sobre la Obligación de ratificar el Convenio UPOV 91 y consecuencias
Declaración del Diálogo Sur sobre Leyes de Semillas, 25 de noviembre de 2015 http://reddesemillaslibresdecolombia.ning.com/
Cóm                              Cómo atajamos la Ley Monsanto por Lucía Sepúlveda
Sobre el  Candado impuesto a nuevas legislaciones frente a amenaza de demandas por inversores
Informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas   sobre los efectos adversos  Por Alfred de Zayas (Estados Unidos), en español.
htt
Sobre  punto 3  de normas frente a Niveles Bajos de Contaminación por Transgénicos
El TPP asegura la contaminación ilegal de nuestros alimentos  (Lim Li Lin y  Lim Li Ching, Red del Tercer Mundo, en inglés), diciembre de 2015


Santiago de Chile, 20 de diciembre de 2015


martes, diciembre 08, 2015

Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre Derechos Humanos y TPP

Victoria Tauli-Corpus, relatora Derechos Pueblos Indígenas 
Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre TPP
 formuladas por expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas

por Lucía Sepúlveda Ruiz

En los meses finales de negociación del Tratado Transpacífico TPP, un grupo de relatores de Naciones Unidas, entre otros quienes cautelan los derechos a la Alimentación y los de Pueblos Indígenas, formuló críticas sobre los alcances del Tratado en relación a los derechos humanos y pidió enmendar rumbos.  Luego del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet  sobre la adscripción al Tratado, 50 organizaciones chilenas solicitaron la intervención de estos expertos para que el Estado chileno no lo ratifique. Esa petición entregada en Ginebra el 13 de noviembre por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, detalla las transgresiones a los derechos humanos contenidas en el tratado, y ahora está recibiendo masiva adhesión a través de  petición en Avaaz 

En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, es relevante citar la declaración de junio de los relatores y expertos  con las recomendaciones y prevenciones que el Estado de Chile hasta ahora ha escogido ignorar. Ello  confirma los aspectos negativos del Tratado para la vigencia de los derechos sociales, culturales, económicos y políticos que el Estado se ha comprometido a respetar.  Particularmente importante son las consecuencias del TPP respecto del derecho a la salud,  por la expansión del plazo de patentes para los medicamentos genéricos, y la privatización de la semilla a través de la obligación de ratificación del  convenio UPOV 91, la versión internacional de la llamada “Ley Monsanto”  que había abortado por la presión social. Asimismo, la criminalización de las descargas digitales libres es privatización del conocimiento y daño a la privacidad. Los impactos son graves en relación a la soberanía y la posibilidad de generar nuevas leyes y políticas públicas dada la posibilidad de que el Estado de Chile sea llevado a sistemas de tribunales internacionales (capítulo de solución de controversias)  en los que como ya señaló el Premio Nóbel Joseph Stiglitz en entrevista publicada por El Mercurio, nuestro país no tiene posibilidades reales de ganar la demanda. Los relatores agregan que aunque los inversionistas pueden demandar al Estado chileno, NO se puede hacer lo contrario, es decir los estados parte del TPP no pueden demandar a los inversionistas. Es un ejemplo claro de a quiénes benefician estos tratados.
Aquí la declaración de los relatores:
Ginebra 2 Junio de 2015 -  Se está negociando varios acuerdos de libre comercio e inversión, tales como el Tratado Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Comercio e Inversión (TTIP).
Un grupo de expertos* de Naciones Unidas han dado a conocer la siguiente declaración para expresar su preocupación sobre el secretismo de la discusión y negociación de muchos de estos acuerdos y los impactos potencialmente adversos de estos acuerdos en los derechos humanos:
“Aunque los tratados de comercio e inversión pueden crear nuevas oportunidades para la economía, llamamos la atención sobre el impacto potencial negativo que estos tratados y acuerdos pueden tener en el goce de los derechos humanos (ya sea civiles, culturales, económicos, políticos o sociales) como está establecido en los instrumentos legalmente vinculantes. Nuestras preocupaciones se relacionan con los derechos a la vida, a la alimentación, al agua y la sanidad, a la vivienda,  a una educación, ciencia y cultura, el mejoramiento de los estándares laborales,  una justicia independiente, un ambiente limpio y el derecho a no ser sometido a un desplazamiento forzoso. 
Como también se subraya en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
, los estados deben asegurar que los acuerdos comerciales y de inversión no afecten su capacidad de cumplir sus obligaciones en derechos humanos (Principio Rector N 9).

Protección de la salud y alimentación
A los observadores les preocupa que estos tratados y acuerdos puedan tener ciertos efectos regresivos en la protección y promoción de los derechos humanos, al bajar el umbral de la protección de la salud, de la seguridad alimentaria y los estándares laborales, cautelando los intereses comerciales de los monopolios farmacéuticos y extendiendo la protección de la propiedad intelectual.

Hay una legítima preocupación que tanto los trataos bilaterales de inversión (BITs por su sigla en inglés) como los acuerdos de Libre Comercio (FTAs) puedan agravar el problema de la extrema pobreza, poner en peligro la renegociación justa y eficiente de la deuda externa y afectar los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y otras personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Sin duda que la globalización y muchos tratados de Inversión Bilaterales y Tratados de Libre Comercio pueden tener impactos positivos pero también negativos para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo que requiere solidaridad práctica internacional.

La solución de controversias
En estos tratados, los capítulos de resolución de diferencias (ISDS por su sigla en inglés) entre inversores y Estados están también siendo muy problemáticos dada la experiencia de décadas de arbitrajes conducidos ante este tipo de tribunales. La experiencia demuestra que la función regulatoria de muchos Estados y su capacidad para legislar de acuerdo al bien público han sido puestos en riesgo.
Creemos que el problema ha sido agravado por el efecto “congelador” que han tenido las sentencias de estas cortes invasivas, cuando los Estados han sido castigados penalmente por adoptar regulaciones, por ejemplo para proteger el ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos genéricos y esenciales y la reducción del tabaquismo (como se requiere según la convención de OMS sobre el Control del Tabaco) o por subir el salario mínimo.
Los capítulos ISDS constituyen una anomalía porque entregan protección a los inversores pero no a los Estados ni a sus habitantes. Permiten a los inversores demandar a los Estados pero no permiten lo contrario. La adopción en 2014 de la Convención de Naciones Unidas sobre “Transparencia en el Arbitraje Inversor-Estado basado en un Tratado” es un paso importante para enfrentar el problema de la naturaleza generalmente confidencial y no participativa de los acuerdos Inversor-Estado. Una mayor transparencia debería servir para reparar la falta de coherencia entre las actuales formas de inversión y las consideraciones de derechos humanos. 
Invitamos a los Estados a revisar los tratados que se están negociando y asegurar que ellos protejan y no obstaculicen los derechos humanos. Si los tratados en cuestión incluyen un capítulo sobre resolución de diferencias inversor-Estado, los términos de referencia de los árbitros deben ser diseñados de manera que no se permita interferencia en la regulación nacional del presupuesto, las políticas relativas a la salud, el ambiente y otras políticas públicas.
Más aun, los tribunales de arbitraje deberían permitir una revisión pública y sus sentencias deberían ser apelables ante la Corte Internacional de Justicia o una Corte Internacional de Inversión especialmente creada para trabajar en forma transparente y que rinda cuenta de sus actos. Debe haber un equilibrio justo entre la protección entregada a los inversores y la responsabilidad del estado de proteger a todas las personas que están bajo su jurisdicción
Recomendamos que:
Todas las negociaciones actuales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión deberían ser llevadas adelante en forma transparente, con consulta y participación de todas las partes interesadas, incluyendo sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos de protección ambiental y profesionales de la salud.
Se debería publicar todos los borradores de modo que los parlamentarios y la sociedad civil tengan tiempo suficiente para revisarlos y sopesar los pro y los contras de una forma democrática.

Se debería desarrollar una evaluación con respecto a evaluación de los impactos anteriores y posteriores en los derechos humanos de  los actuales tratados bilaterales de  libre comercio e inversión y de los que se están proponiendo. 
Las Partes deberían detallar cómo cumplirán sus obligaciones de derechos humanos si ellos ratifican estos tratados de libre comercio y de inversión que se están negociando.
Dada la amplitud y el ámbito de los acuerdos que actualmente se están discutiendo, deben incorporarse fuertes salvaguardas para asegurar la total protección y disfrute de los derechos humanos.”
FIN
(*) Los expertos: Mr Alfred de Zayas, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democratico y equitativo; Ms Catalina Devandas Aguilar, Relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Mr Dainus Puras, Special Relator Especial en el derecho de todos al disfrute de los más altos estándares de salud física y mental; Ms Farida Shaheed, Relatora especial en el campo de los derechos culturales; Ms Gabriella Knaul; Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados; Ms Hilal Helver, Relatora Especial sobre el derecho a la Alimentación, Mr Juan Bohoslavsky, Experto Independiente en los efectos de las deudas externas y otras obligaciones financieras internacionales sobre el total disfrute de todos los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, Mr Léo Heller, Relator Especial sobre el derecho humano a agua potable y sanitización, Ms Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ms Virginia Dandan, Experta independiente en los derechos Humanos y la Solidaridad Internacional.
Traducción: Lucía Sepúlveda para Yo No Quiero Transgénicos en Chile y Chile Mejor sin TPP.     
- Más información: http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E#sthash.WDQXUW9K.dpuf


jueves, diciembre 03, 2015

En Chile se venden sin restricciones plaguicidas cancerígenos y altamente peligrosos


Este año, en esta fecha enfatizamos nuestra demanda al gobierno sobre  la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato, probable cancerígeno y los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas.


El 3 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos a nivel global y nacional.



Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del  gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.  Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan  a más de 25.000.

Este y muchos otros graves accidentes siguen ocurriendo en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos. Se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos.


El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos, muchos de ellos persistentes en el ambiente, bioacumulables en los organismos,  y altamente peligrosos.



En América Latina el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas y ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos niños. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes. Sólo en Brasil hay más de un millón y medio de trabajadores rurales intoxicados crónicos por esta causa.



En Chile, hay registrados plaguicidas con efectos cancerígenos que se venden sin restricciones, y su uso causa  malformaciones congénitas y alteraciones de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico. También se registran y usan los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas y otros insectos benéficos. En 2015, además de la producción nacional, entre enero y octubre se importaron 16.089 toneladas de agrotóxicos, con una variación de 3,8 % respecto al mismo periodo de 2014.



Según el Ministerio de Salud, en 2012 hubo 849 intoxicaciones agudas; en 2013, fueron 552. En 2014 suben a 825, y a al mes de junio de 2015,  hay 224 casos notificados y confirmados de intoxicaciones agudas por plaguicidas. A estas cifras  hay que agregar 3  casos de intoxicación masiva recientes; uno de ellos ocurrió el 30 de octubre de 2015 y afectó a 24 personas, entre ellos un bebé. A raíz de este incidente, doce alumnos y cuatro  profesores del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes fueron derivados al hospital San Camilo de San Felipe. El segundo caso reciente ocurrió el 15 de noviembre en la comuna de Rinconada de los Andes, donde resultó intoxicada una familia de seis personas, entre ellos una mujer embarazada y tres niños. Un tercer caso ocurrió el 16 de noviembre en el sector de Víctor Koërner, limítrofe entre las comunas de Los Andes y Calle Larga afectando a un número indeterminado de vecinos del sector. Pero los incidentes de este tipo en realidad suman entre 3.500 y 4.000 casos anuales,  porque se estima que en el país sólo se notifica 1 de cada 5 casos de intoxicación aguda. En relación a la intoxicación crónica, no hay estadísticas ni vigilancia epidemiológica.



Por un Chile  libre de plaguicidas, transgénicos, y por una alimentación sana, exigimos que se prohíba el uso de los PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS (PAP) por sus efectos agudos y crónicos (según la OMS y FAO) y  se lleven a cabo políticas públicas que apoyen la producción orgánica y agroecológica para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, con producción de alimentos saludables y protección de las y los trabajadores agrícolas, personas, flora, fauna y ecosistemas.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/

RAP-Chile / ANAMURI/ OLCA/ CIAL.                                                              

Red de Acción en Plaguicidas y sus  Alternativas para América Latina  (RAP-AL

jueves, noviembre 19, 2015

TPP denunciado en Naciones Unidas por transgresión a derechos humanos en Chile


Organizaciones socio-ambientales e indígenas de Chile presentaron el 13 de noviembre en Ginebra una Petición de Acción Urgente sobre el TPP, entregada  a Baskut Tunkat, relator de Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos, por Lucía Sepúlveda (RAP-AL),   mientras participaba en  la consulta sobre Derechos Humanos y Sustancias Peligrosas realizada en esa sede de Naciones Unidas  el 12 y 13 de Noviembre.
La petición (adjunta a este boletín)  fue entregada además en las oficinas de la sra. Victoria Tauli-Corpuz,  relatora de Pueblos Indígenas, el viernes 20 de noviembre, por Flor Calfunao, representante de la Misión Mapuche en Naciones Unidas,  y asimismo se hizo llegar a los relatores  David Kaye (derecho a la libertad de expresión), e Hilal Elver (derecho a la alimentación) como también a Michael Addo, del Grupo de Trabajo sobre DDHH y empresas transnacionales y a  Aldred de Zayas (experto en promoción de un orden internacional democrático). Esta petición lleva al plano internacional el creciente rechazo al TPP manifestado por una gran diversidad de organizaciones que realizan campañas orientadas a impedir la ratificación de ese acuerdo impuesto por el gobierno, cuando se lleve a votación por el Congreso.  Informar, movilizar y denunciar a los parlamentarios que voten a favor del tratado que viola los derechos humanos de los  ciudadanos son los ejes de esta campaña. 
Luego de describir el secretismo con que se negoció el tratado y denunciar cómo constituye una amenaza a los derechos ciudadanos, la petición insta a los citados personeros de Naciones Unidas a recomendar al gobierno chileno la no ratificación del tratado dado que este acuerdo amenaza los derechos de todos sus habitantes y poblaciones; también les solicita requerir al Estado que cumpla con hacer la Consulta Indígena y que proteja los conocimientos tradicionales y lugares sagrados de los Pueblos Indígenas.

El mecanismo de “Acción Urgente” se utiliza ante violaciones a los derechos humanos que requieren una respuesta rápida. Su uso se acordó el pasado 7 y 8 de noviembre, por  organizaciones participantes en el encuentro AguANte la Vida, realizado en Santiago y convocado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. En el encuentro participaron organizaciones de todo el país que desarrollan acciones en defensa del agua, de la alimentación sana y de sus territorios amenazados por el extractivismo y los megaproyectos mineros o energéticos,  trabajando en redes.

Antonio Molpeceres, que encabeza el PNUD y es encargado del Sistema de Naciones Unidas  en Chile, se comprometió   a distribuir esta petición de Acción Urgente sobre el TPP  a las autoridades de Naciones Unidas vinculadas  con esta temática en nuestro país.

Los firmantes de esta petición son: ADEMA Putú, Agrupación de Regantes y No Regantes del Río Mostazal – Valle del Limarí, Campaña Agua 100% Chilena – Araucanía, Alerta 244, Asamblea por el Agua del Guasco Alto – Atacama, Biblioteca Mapuche Autogestionada de Temuco, C.A.C, Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Campaña Yo No Quiero TPP 5° Región, Centro Cultural La Ventana, Centro de Estudio Social Buen Vivir –CCO, Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo, Colectivo de Comunicaciones  Mapuexpress,  Colectivo La Savia, Colectivo Mujeres de Curicó, Comité Ecológico Parque Natural Gómez Carreño, Comunidad Mapuche Trai Traiko – Panguipulli, Coordinadora Chorera de Talcahuano, CORSAP, Escuela Asamblea Constituyente, Fundación Habitar, Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, Huerto La Berenjena, Movimiento Juntos por el Agua. San Pedro de Melipilla,  Ñuble Libre, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Pacto Mundial Consciente, Parlamento Mapuche de Koz Koz, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina RAP-AL, Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía RADA, Red Defensa de los Territorios (Araucanía), Grupo Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, Red Metropolitana No Alto Maipo, Unión Comunal de Juntas de Vecinos Teno, Valles en Movimiento (Limarí,) y Vive Curacautín (Región Araucanía).
Contacto:
Lucía Sepúlveda  (RAP-Chile) 226 99 7375, cel: 900 23 729 lusr20@gmail.com
Lucio Cuenca,  Observatorio Conflictos Ambientales l.cuenca@olca.cl
 Alfredo Seguel,  Grupo Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos  coordinacionmapuche@gmail.com
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