lunes, marzo 23, 2015

"Semana sin Plaguicidas" busca mundo sin plaguicidas y con agroecología



Campaña Internacional “La Semana sin Plaguicidas”

¡Por un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas!

La Semana sin Plaguicidas es una campaña anual e internacional cuya 10ª edición se va a celebrar durante los diez primeros días del otoño austral, entre el 20 y 30 de marzo de 2015. La campaña, iniciada originalmente por  la organización francesa Génération Futures, se viene realizando exitosamente desde el año 2005 para informar sobre los impactos de los plaguicidas en nuestra salud y en el ambiente y también para promover alternativas saludables.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina formamos parte de esta campaña y abogamos por analizar, discutir y poner en práctica medidas de política, estrategias y prácticas agrícolas, y campañas sanitarias, que posibiliten reducir el uso de plaguicidas hasta eliminarlos, a partir de la instauración de prácticas agroecológicas.
A través  de las tareas de investigación, capacitación, educación y de incidencia política realizada por los miembros de RAPAL  defendemos y luchamos por la eliminación de todos los plaguicidas especialmente los altamente peligrosos dada su vinculación con el ambiente y su capacidad de producir enfermedades agudas y crónicas,  en especial diferentes tipos de  cáncer y alteraciones en el sistema endócrino.
Todavía se pueden comercializar en nuestro continente productos prohibidos y/o retirados del mercado en otros lugares como en la Unión Europea ; tal es el caso del Imidacloprid y el fipronil , o de otros agrotóxicos severamente cuestionados como el Paraquat. NO podemos aceptar el doble modelo ya que todos los seres humanos somos iguales y posemos los mismos derechos civiles y ambientales.
Debemos aspirar a vivir en un mundo sin contaminantes , con acceso a alimentos sanos , sin contener plaguicidas, para ello invitamos a la reflexión y acción a todas las organizaciones y personas que deseen involucrarse en este proceso que iniciamos hace muchos años.
Cordialmente
Javier Souza Casadinho,
Coordinador regional RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina)  
Contacto en Chile: María Elena Rozas, Coordinadora RAP-Chile

RAP-AL llama a prohibir glifosato en América Latina sin más trámite



Informe IARC/OMS marzo 2015

¡Por un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas!

El glifosato es considerado como posible cancerígeno, no lleguemos tarde a tomar las decisiones 

Es histórica la lucha llevada a cabo por miembros de las comunidades afectadas por las pulverizaciones con glifosato, así como las evidencias que se fueron aportando desde las investigaciones en laboratorio o los monitoreos epidemiológicos comunitarios en las cuales se mostraba la relación existente entre la exposición a glifosato y el desarrollo de diferentes tipos de cánceres, la aparición de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina y otros problemas vinculados con el aparato respiratorio.

Ahora, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que  los plaguicidas Glifosato (nombre comercial Roundup),  Diazinon y  Malation son de  Probable efecto carcinógeno (grupo 2A) en humanos, mientras que otros dos,  Parathion y tetraclorvinfos  son de Posible efecto carcinógeno  (grupo 2B). La agencia ha publicado un informe con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos producto de las investigaciones realizadas.

El herbicida glifosato es el plaguicida de mayor venta en muchos países de América Latina. Las investigaciones que hemos realizado en Argentina, donde glifosato es el herbicida más vendido, detectan su utilización en las producciones de cereales y oleaginosas, nogales, manzanas, tabaco, hortalizas, naranjas, yerba mate, cultivo de pinos y eucaliptos. También se utiliza en ámbitos urbanos a fin de controlar hierbas en vías férreas, banquinas, zanjas, terrenos baldíos y en las mismas veredas de zonas densamente pobladas. Asimismo hemos documentado como se incrementó el uso de glifosato en relación a la expansión de la superficie agrícola con soya transgénica y a la aparición de resistencias a este herbicida entre las plantas silvestres.  Se verifica una elevación de las dosis junto a una mayor frecuencia en la aplicación.
Lamentablemente el herbicida glifosato se ha transformado en un químico de amplio uso por parte de los agricultores como de habitantes de zonas urbanas siendo comercializado al público en general, en químicas, comercios de agrotóxicos hasta en supermercados y negocios de venta de alimentos para mascotas, sin mediar ningún tipo de restricción.
Es bien documentada la utilización de glifosato en las campañas para eliminar los cultivos de uso ilícito y de cómo esto afectó a las comunidades de Ecuador y Colombia, ya en su salud socio ambiental como en la soberanía alimentaria.

Desde RAPAL apoyamos el cambio en la categorización respecto a la probabilidad del glifosato de producir cáncer, pero manifestamos la necesidad de actuar con más premura; en muchos casos la búsqueda de mayores evidencias puede implicar un retraso en la toma de medidas urgentes. Por ello abogamos la aplicación del principio de precaución en la prohibición de productos químicos relacionados con la salud humana aunque no tengamos suficientes certezas.
La certeza puede llegar demasiado tarde para las personas expuestas directamente o indirectamente al glifosato, como a otros plaguicidas, porque ya han desarrollado enfermedades que comprometen la posibilidad de desarrollar una vida plena.   
  
Asimismo llamamos a los miembros de los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente de América Latina, así como a todos los tomadores de decisión a fin de encarar las medidas pertinentes que protejan la salud humana y lleven a la prohibición del uso del herbicida glifosato en la región y todo el mundo.
Cordialmente
Javier Souza Casadinho, Coordinador regional RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina)
Contacto en Chile: María Elena Rozas, Coordinadora Nacional RAP-Chile, cel 98858227
 

jueves, marzo 12, 2015

Alerta: podrían dar “chipe libre” al pino transgénico, como en Estados Unidos


En Viña, nuestro propio festival 2015 por la vida.

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En Brasil mujeres campesinas impidieron la autorización del eucaliptus transgénico

En Chile hace tiempo que la industria forestal, responsable de destrucción ambiental, incendios y sequía con sus plantaciones de  eucaliptos y pinos, busca tener variedades transgénicas para aumentar sus ganancias. Parece estar cada vez más cerca de lograrlo. No existe fiscalización alguna  a la experimentación actualmente en curso del evento llamado Genómica de Resistencia a Fusarium Circinatum en Pinus Radiata, del consorcio Genómica Forestal en la Región del BioBio, según responde el Servicio Agrícola y Ganadero SAG en noviembre de 2014 a una detallada consulta por transparencia, respecto del tema árboles transgénicos. La consulta fue enviada por Verónica González, de OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, miembro de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles RECOMA). OLCA también es fundador de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, junto a RAP-Chile y otras organizaciones de todo el país. La empresa Genómica Forestal está conformada por las forestales Mininco y Arauco, la Universidad de Concepción, CEFOR (empresa de la Universidad Austral) y Fundación Chile. En 2012 el consorcio recibió alrededor de $150.000.000 del Fondo Innova BioBio de Corfo (27/08/2012 al 27/08/2017) a nombre de Jorge Daniel Riveros Cuadra, y  en el descriptor del proyecto, el consorcio anunciaba estar listo para formar un área de negocios para los productos que desarrolla en el área biotecnológica (información oficial de CORFO).
Una vez más se constata que no existe voluntad política de proteger el ambiente y la biodiversidad. La decisión implícita del Estado chileno y los gobiernos de turno es imitar el modus operandi de Estados Unidos y dejar manga ancha para que las forestales, Monsanto y las empresas que los secundan  sigan avanzando  con la posibilidad de introducir árboles transgénicos, en un marco de secreto y falta de transparencia.
SAG afirma en su respuesta a OLCA que el año 1996 se autorizaron 240 plántulas transgénicas resistentes al glifosato para experimentación a nombre de Forestal y Agrícola MonteAguila en Los Angeles. Según Oscar Camacho, director (s) del  SAG, el año 2000 Lorenzo Caballero, entonces director de la entidad estatal, firmó la última autorización de experimentación con árboles transgénicos, dada a Fundación Chile para pino radiata con resistencia a la polilla del brote con plántulas importadas de Nueva Zelanda.  SAG sostiene que estos árboles se mantuvieron en espacios confinados, por lo que no entrega la ubicación de las posibles plantaciones. Tampoco se explica en la respuesta qué pasó con esos árboles, que teóricamente deberían  haber sido destruidos, en algún momento no precisado de su desarrollo y crecimiento.
El floreciente consorcio Genómica Forestal no es el único en contar  con fondos estatales para el desarrollo de árboles transgénicos. Se incentivaron después del 2000, experimentos con  eucaliptos con propiedades insecticidas, tolerantes a ataques de hongos defoliantes, proyecto desarrollado entre 2002 y 2005 por la Universidad de la Frontera con apoyo de Innova Chile. Luego, hubo un proyecto desarrollado por la Universidad de Concepción y la Universidad Andrés Bello (2004/2007) para Celulosa Arauco sobre eucaliptos con tolerancia al frío. No logramos encontrar información pública sobre los resultados de estos proyectos, y en su respuesta SAG omite todo dato al respecto. La respuesta entregada por la entidad encargada de fiscalizar los transgénicos implica que en estos estudios no se habrían introducido plántulas transgénicas manipuladas en terceros países sino en Chile, y los experimentos se habrían desarrollado en recintos confinados (no al aire libre) lo que las deja “legalmente” fuera de toda fiscalización.
Se confirma así que en Chile la autoridad sigue amparando el secreto respecto de los lugares concretos donde se desarrollan estos experimentos, que al revés de los cultivos de granos y plantas, probablemente requieren décadas para poder hacer una estimación de sus resultados. La negativa de SAG a informar a la ciudadanía  sobre su ubicación y desarrollo, muestra un Estado que deja de lado totalmente su función fiscalizadora, ya que los experimentos podrían ser seguidos por liberaciones no anunciadas al SAG.
Mujeres brasileñas en acción
Mientras tanto, en Brasil, las mujeres sin tierra, del MST brasileño, se encargaron de destruir las plantas de eucaliptus transgénico (conocido como H421) del centro experimental de la empresa FuturaGEne, en las jornadas de lucha del 8 de marzo. Al mismo tiempo, otros manifestantes irrumpían en la reunión de la Comisión Técnica Nacional de BioSeguridad que tenía previsto aprobar la comercialización de estas especies. La reunión oficial se suspendió indefinidamente.  En la acción participaron cerca de  1000 mujeres del Movimiento de los Sin Tierra MST, y militantes de los movimientos sociales del campo y la ciudad de los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais que ocuparon en la mañana del jueves 5 de marzo  la empresa FuturaGene Brasil Tecnología Ltda, de la celulosa Suzano, de la comuna de Itapetininga, en el estado de Sao Paulo.
Diversos científicos y académicos brasileños opuestos a la introducción de la variedad transgénica, destacaron  el alto consumo de agua de esta especie. El eucaliptus, consume más agua durante los primeros años de crecimiento y la cosecha de la planta transgénica se haría dentro de cinco años y no a partir de siete como ocurre actualmente. Habrá mayor consumo de agua en el período de crecimiento, lo que puede alterar el equilibrio hídrico del ecosistema de la región donde se localicen los cultivos. Datos aportados en Brasil indican que este árbol, que normalmente  consume 30 litros de agua por día  provoca sequía en el norte de Espiritu Santo y el sur de Bahía.
Pino GM exportable made in USA
En Estados Unidos esta temporada será legal plantar pino transgénico, pero los activistas están organizándose para impedir que esas plantaciones se concreten. Una carta secreta de Michael Firko, director adjunto del departamento de Servicios Regulatorios del Ministerio de Agricultura norteamericano, dirigida a la empresa Arbor Gen de árboles transgénicos y fechada el 28 de agosto del 2014,  coincidió con la posición de la empresa acerca de que su pino transgénico taeda no necesitaba ser sometido a ningún trámite de autorización. Los ejecutivos de Arbor Gen trabajaban anteriormente para Monsanto. Esta carta solo se dio a conocer el 13 de enero de 2015. La denuncia la hizo el Dr. Doug Gurian-Sherman, científico del Centro de Seguridad Alimentaria, Center for Food Safety, de Estados Unidos.
En febrero de este año, organizaciones de todo el mundo se unieron para denunciar públicamente al gobierno norteamericano por  autorizar el primer árbol transgénico, un pino taeda, sin ningún estudio previo del gobierno ni conocimiento público, y sin evaluación de sus riesgos para la gente o el ambiente. Además ello se hizo a espaldas de la enorme oposición pública a los árboles transgénicos. El año 2013, el Ministerio de Agricultura recibió más de 10.000 comentarios en contra de la aprobación del eucaliptus transgénico de la misma empresa ArborGen durante la etapa de consulta pública, que para el caso del pino taeda transgénico se omitió. La decisión sobre el eucaliptus transgénico quedó pendiente. La variedad nativa de pino taeda se exporta a varios países del sur, por lo que esta amenaza se proyecta más allá de América del Norte.
La campaña de los países del  norte global contra los árboles transgénicos incluye a  Biofuelwatch (US & UK), Canadian Biotechnology Action Network, EcoNexus (Europa), Amigos de la Tierra (Melbourne, Australia), Global Justice Ecology Project, Red Ambiental Indígena (América del Norte), World Rainforest Movement (Internacional) y Dogwood Alliance de Carolina del Norte, Estados Unidos. En América Latina, la Via Campesina, la CLOC, RECOMA y la Red por una América Latina Libre de Transgénicos RALLT desarrollan campañas en el mismo sentido, a las que en Chile se une YNQT junto a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, OLCA y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI.  

viernes, enero 16, 2015

RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación

Comunicado de prensa
Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
16 de enero de 2015

“El estudio  sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de  Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza  legal que se cierne sobre la semilla,  la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.  Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones.  Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del  cuestionado proyecto e iniciar  la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1]que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral  que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral. 
UPOV 91 es lo central
Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos  muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para  luego ser registradas a nombre de las empresas.  Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia  del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,)   que excluyó  a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI  y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.
RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología  elaboradas por  organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.
Privatización de la semilla
Las propuestas del estudio encargado por ODEPA  apuntan  en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales,  y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto  que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer  sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla,  pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Transgénicos y centros de origen
El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno.  
La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países.  Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé,  Carlos Muñoz  y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio  en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena)  y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor.  Los citados académicos de la Facultad de Agronomía  de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores  disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo.  Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica  escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.

En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron   la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.
RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio,  y que constituye una amenaza para la biodiversidad,  la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria,  vulnerando también el derecho a la alimentación sana que  todos y todas tenemos.



[1] http://www.odepa.cl/estudio/estudio-alternativas-de-proteccion-juridico-normativa-y-de-otra-indole-para-semillas-y-practicas-tradicionales-relacionadas-con-la-agricultura-utilizadas-y-mantenidas-por-agricultoras-y-agri/

domingo, noviembre 23, 2014

Es la hora de saber cuántos transgénicos, azúcar y sal tienen los alimentos



publicado originalmente en El re-verde

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
vocera (RM) Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Pronto se conocerá el reglamento de la llamada “Ley Superocho” (Ley 20.606 de Rotulado y Publicidad de Alimentos), al haber concluido la fase de participación ciudadana convocada por el ministerio de salud. Si esta vez el lobby de la industria alimentaria fracasa en sus intentos, si la ministra Helia Molina realmente quiere prevenir la obesidad, los padres y madres tendrán derecho a saber cuánta azúcar y sal contienen los alimentos que compran para sus niños. Se habrá avanzado algunos pasos en la dirección correcta. Pero ojo: la nueva etiqueta seguirá muda acerca de si ese alimento es o no transgénico. El semáforo no dirá nada al respecto.
Por ello, la ministra secretaria de gobierno Ximena Rincón, que en 2012 presentó en el Senado  un proyecto de ley de Moratoria y Etiquetado de Transgénicos,  recibió un ejemplar de la primera versión en español de  “Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Fagan y Robinson (RAP-Chile, Quimantú, 2014). La obra  fundamenta con base científica las razones por las cuales los alimentos elaborados con ingredientes transgénicos presentan riesgos para la población. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile le hizo llegar el libro presentado recientemente como preludio de la exigencia de que esta ley de moratoria y etiquetado, que duerme en el senado, se ponga en discusión con urgencia. En su rol actual, Ximena Rincón deberá decidir si responde a la demanda ciudadana integrando ese proyecto  a la agenda legislativa definida por el comité de ministros, o se sitúa del lado de Monsanto, Pioneer/Dupont y sus pares. 
La ley Super Ocho ignoró absolutamente el tema de los transgénicos. Muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos Rodrigo Lampasona, de la iniciativa “Exige Vivir Sano” nacida al calor de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile,  hicieron presente a través de observaciones al reglamento, su molestia porque el etiquetado no abarque los alimentos hechos con ingredientes transgénicos como la soya y el maíz transgénicos presentes entre muchos otras en las marcas Kellogg, Ades, Kraft.

Bachelet bloqueó el etiquetado
Pero estas observaciones tienen escasas posibilidades de ser recogidas por el ministerio de salud, que hasta ahora rechaza toda posibilidad de etiquetar estos alimentos que presentan serios riesgos para la salud de las personas. SERNAC remite toda consulta al respecto, al ministerio de salud. La ley que da origen al reglamento nada dice sobre el tema, probablemente porque el Reglamento Sanitario que rige los alimentos en Chile, fue modificado para eliminar la obligación de rotularlos el año 2003, siendo ministra de salud la actual presidenta de la república, Michelle Bachelet.  El decreto respectivo estuvo listo desde el año 2001, pero jamás se promulgó. En cambio, el ministerio de salud elaboró el decreto 115, publicado en el diario oficial el 25 de noviembre de 2003.  Ese decreto introdujo en el artículo 107, letra n,  del Reglamento Sanitario de Alimentos un texto que indica que el rotulado de alimentos transgénicos sólo procederá si estos “presentan características nutricionales distintas al alimento y/o materia prima convencional”.
Ese es el argumento de Monsanto y los productores de transgénicos, llamado el principio de “equivalencia sustancial”, el cual no tiene base científica alguna. Ha sido usado en Estados Unidos para impedir el análisis toxicológico de este tipo de alimentos y permitir su pronta autorización. Y ya se cae a pedazos precisamente en la tierra madre de los transgénicos, Estados Unidos.

Etiquetado en Estados Unidos
Desde el año pasado un poderoso movimiento ciudadano está exigiendo a nivel de algunos estados federales de Estados Unidos, el derecho a saber qué están comiendo. Vermont aprobó el etiquetado este año, California casi lo logró el año pasado,  y ahora lo intentan Oregon y Colorado. Para entender el poder de ese lobby y lo que ocurrió en Chile cuando se intenta etiquetar, es necesario conocer cómo operan las transnacionales de la agrobiotecnología en Estados Unidos, donde las leyes no contemplan “aportes reservados” y obligan a transparentar las donaciones de las empresas.

El 4 de noviembre próximo, el estado de Oregon vota una propuesta de etiquetado de alimentos transgénicos. En la campaña el gasto en avisaje televisivo ha sido enorme: es el 5º mayor gasto en avisaje que se ha hecho en todo Estados Unidos en el último tiempo, según el Center for Public Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. En Oregon, la comuna de Jackson aprobó meses atrás  la prohibición del cultivo de transgénicos en su territorio. El estado de Vermont, que aprobó el etiquetado, lo hará entrar en vigor en Julio de 2016, y el fiscal general del estado está defendiendo la medida de una demanda planteada por representantes de la industria alimentaria. 

Pioneer dobló a Monsanto
La transnacional Dupont/Pioneer que está presente en Chile produciendo transgénicos y plaguicidas,  aportó esta semana $4.6 millones de dólares para la campaña contra el etiquetado de transgénicos, doblando la cifra de Monsanto, que puso 2.9 millones de dólares. Los partidarios del etiquetado han logrado reunir US$6.6 milones de dólares ... contra 16.3 millones que las empresas productoras de transgénicos han inyectado para impedir que la gente sepa lo que come.
Monsanto, Dupont/Pioneer, Dow  y Bayer le dan ese derecho a los europeos, ya que están obligados a ello por la legislación de la Unión Europea, que a su vez es producto de la exigencia de los consumidores. En Perú, que tiene ley de etiquetado desde hace algunos años, han logrado detener hasta ahora la elaboración del reglamento de esa ley. Brasil sin embargo sí cuenta con etiquetado. Se lo niegan a Argentina y Chile donde ejercen su poderoso lobby.
Declaración de Osorno
En la lucha por el etiquetado, los y las consumidores chilenos se están haciendo cada vez más presentes. El tema de la alimentación sana –abordado en una exposición sobre soberanía alimentaria realizada por Lucía Sepúlveda - fue definido como uno de los ejes de trabajo en el reciente congreso nacional de asociaciones de consumidores realizado en Osorno. Veinte asociaciones que representan a consumidores de territorios que van desde la Región de Tarapacá a la Región de los Lagos, reconocieron n como derechos fundamentales para la persona humana “un aire libre de contaminación,  la disponibilidad de las aguas para el consumo humano, la alimentación saludable, la generación y consumo responsable y sustentable  de la energía, y el reconocimiento de sistemas de movilidad  limpia y de transporte público justo y de calidad.”.
En el congreso se constituyó una Coordinadora Nacional de los Consumidores que buscará articularse con otros actores organizados de la sociedad para   informar,  educar y proteger los derechos de los consumidores en sus diferentes ámbitos.