viernes, enero 16, 2015

RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación

Comunicado de prensa
Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
16 de enero de 2015

“El estudio  sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de  Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza  legal que se cierne sobre la semilla,  la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.  Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones.  Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del  cuestionado proyecto e iniciar  la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1]que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral  que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral. 
UPOV 91 es lo central
Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos  muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para  luego ser registradas a nombre de las empresas.  Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia  del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,)   que excluyó  a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI  y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.
RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología  elaboradas por  organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.
Privatización de la semilla
Las propuestas del estudio encargado por ODEPA  apuntan  en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales,  y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto  que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer  sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla,  pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Transgénicos y centros de origen
El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno.  
La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países.  Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé,  Carlos Muñoz  y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio  en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena)  y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor.  Los citados académicos de la Facultad de Agronomía  de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores  disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo.  Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica  escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.

En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron   la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.
RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio,  y que constituye una amenaza para la biodiversidad,  la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria,  vulnerando también el derecho a la alimentación sana que  todos y todas tenemos.



[1] http://www.odepa.cl/estudio/estudio-alternativas-de-proteccion-juridico-normativa-y-de-otra-indole-para-semillas-y-practicas-tradicionales-relacionadas-con-la-agricultura-utilizadas-y-mantenidas-por-agricultoras-y-agri/

domingo, noviembre 23, 2014

Es la hora de saber cuántos transgénicos, azúcar y sal tienen los alimentos



publicado originalmente en El re-verde

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
vocera (RM) Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Pronto se conocerá el reglamento de la llamada “Ley Superocho” (Ley 20.606 de Rotulado y Publicidad de Alimentos), al haber concluido la fase de participación ciudadana convocada por el ministerio de salud. Si esta vez el lobby de la industria alimentaria fracasa en sus intentos, si la ministra Helia Molina realmente quiere prevenir la obesidad, los padres y madres tendrán derecho a saber cuánta azúcar y sal contienen los alimentos que compran para sus niños. Se habrá avanzado algunos pasos en la dirección correcta. Pero ojo: la nueva etiqueta seguirá muda acerca de si ese alimento es o no transgénico. El semáforo no dirá nada al respecto.
Por ello, la ministra secretaria de gobierno Ximena Rincón, que en 2012 presentó en el Senado  un proyecto de ley de Moratoria y Etiquetado de Transgénicos,  recibió un ejemplar de la primera versión en español de  “Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Fagan y Robinson (RAP-Chile, Quimantú, 2014). La obra  fundamenta con base científica las razones por las cuales los alimentos elaborados con ingredientes transgénicos presentan riesgos para la población. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile le hizo llegar el libro presentado recientemente como preludio de la exigencia de que esta ley de moratoria y etiquetado, que duerme en el senado, se ponga en discusión con urgencia. En su rol actual, Ximena Rincón deberá decidir si responde a la demanda ciudadana integrando ese proyecto  a la agenda legislativa definida por el comité de ministros, o se sitúa del lado de Monsanto, Pioneer/Dupont y sus pares. 
La ley Super Ocho ignoró absolutamente el tema de los transgénicos. Muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos Rodrigo Lampasona, de la iniciativa “Exige Vivir Sano” nacida al calor de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile,  hicieron presente a través de observaciones al reglamento, su molestia porque el etiquetado no abarque los alimentos hechos con ingredientes transgénicos como la soya y el maíz transgénicos presentes entre muchos otras en las marcas Kellogg, Ades, Kraft.

Bachelet bloqueó el etiquetado
Pero estas observaciones tienen escasas posibilidades de ser recogidas por el ministerio de salud, que hasta ahora rechaza toda posibilidad de etiquetar estos alimentos que presentan serios riesgos para la salud de las personas. SERNAC remite toda consulta al respecto, al ministerio de salud. La ley que da origen al reglamento nada dice sobre el tema, probablemente porque el Reglamento Sanitario que rige los alimentos en Chile, fue modificado para eliminar la obligación de rotularlos el año 2003, siendo ministra de salud la actual presidenta de la república, Michelle Bachelet.  El decreto respectivo estuvo listo desde el año 2001, pero jamás se promulgó. En cambio, el ministerio de salud elaboró el decreto 115, publicado en el diario oficial el 25 de noviembre de 2003.  Ese decreto introdujo en el artículo 107, letra n,  del Reglamento Sanitario de Alimentos un texto que indica que el rotulado de alimentos transgénicos sólo procederá si estos “presentan características nutricionales distintas al alimento y/o materia prima convencional”.
Ese es el argumento de Monsanto y los productores de transgénicos, llamado el principio de “equivalencia sustancial”, el cual no tiene base científica alguna. Ha sido usado en Estados Unidos para impedir el análisis toxicológico de este tipo de alimentos y permitir su pronta autorización. Y ya se cae a pedazos precisamente en la tierra madre de los transgénicos, Estados Unidos.

Etiquetado en Estados Unidos
Desde el año pasado un poderoso movimiento ciudadano está exigiendo a nivel de algunos estados federales de Estados Unidos, el derecho a saber qué están comiendo. Vermont aprobó el etiquetado este año, California casi lo logró el año pasado,  y ahora lo intentan Oregon y Colorado. Para entender el poder de ese lobby y lo que ocurrió en Chile cuando se intenta etiquetar, es necesario conocer cómo operan las transnacionales de la agrobiotecnología en Estados Unidos, donde las leyes no contemplan “aportes reservados” y obligan a transparentar las donaciones de las empresas.

El 4 de noviembre próximo, el estado de Oregon vota una propuesta de etiquetado de alimentos transgénicos. En la campaña el gasto en avisaje televisivo ha sido enorme: es el 5º mayor gasto en avisaje que se ha hecho en todo Estados Unidos en el último tiempo, según el Center for Public Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. En Oregon, la comuna de Jackson aprobó meses atrás  la prohibición del cultivo de transgénicos en su territorio. El estado de Vermont, que aprobó el etiquetado, lo hará entrar en vigor en Julio de 2016, y el fiscal general del estado está defendiendo la medida de una demanda planteada por representantes de la industria alimentaria. 

Pioneer dobló a Monsanto
La transnacional Dupont/Pioneer que está presente en Chile produciendo transgénicos y plaguicidas,  aportó esta semana $4.6 millones de dólares para la campaña contra el etiquetado de transgénicos, doblando la cifra de Monsanto, que puso 2.9 millones de dólares. Los partidarios del etiquetado han logrado reunir US$6.6 milones de dólares ... contra 16.3 millones que las empresas productoras de transgénicos han inyectado para impedir que la gente sepa lo que come.
Monsanto, Dupont/Pioneer, Dow  y Bayer le dan ese derecho a los europeos, ya que están obligados a ello por la legislación de la Unión Europea, que a su vez es producto de la exigencia de los consumidores. En Perú, que tiene ley de etiquetado desde hace algunos años, han logrado detener hasta ahora la elaboración del reglamento de esa ley. Brasil sin embargo sí cuenta con etiquetado. Se lo niegan a Argentina y Chile donde ejercen su poderoso lobby.
Declaración de Osorno
En la lucha por el etiquetado, los y las consumidores chilenos se están haciendo cada vez más presentes. El tema de la alimentación sana –abordado en una exposición sobre soberanía alimentaria realizada por Lucía Sepúlveda - fue definido como uno de los ejes de trabajo en el reciente congreso nacional de asociaciones de consumidores realizado en Osorno. Veinte asociaciones que representan a consumidores de territorios que van desde la Región de Tarapacá a la Región de los Lagos, reconocieron n como derechos fundamentales para la persona humana “un aire libre de contaminación,  la disponibilidad de las aguas para el consumo humano, la alimentación saludable, la generación y consumo responsable y sustentable  de la energía, y el reconocimiento de sistemas de movilidad  limpia y de transporte público justo y de calidad.”.
En el congreso se constituyó una Coordinadora Nacional de los Consumidores que buscará articularse con otros actores organizados de la sociedad para   informar,  educar y proteger los derechos de los consumidores en sus diferentes ámbitos. 


domingo, noviembre 16, 2014

Los Huertos Urbanos florecen con Encuentro Nacional en La Pintana





El Primer Encuentro Nacional de Huertos y Agricultura Urbana tendrá lugar los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre en La Pintana, comuna del sur de Santiago, en la Región Metropolitana, donde aún sobreviven huertos de la década de los 40 del siglo XX, creados durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El encuentro será el marco para el lanzamiento del documental  “Nuestras raíces”, que relata las vivencias del Comité de Aguas de Villa Las Rosas de La Pintana, y del  libro Historia de los Huertos Obreros y Familiares, de Alberto Gurovich con la desconocida experiencia de estos huerteros históricos. Asimismo se conocerán emprendimientos actuales como la de la “Aldea del Encuentro” en la  comuna de La Reina y los nuevos huertos comunitarios de las comunas de Providencia, Macul y La Florida, así como los Huertos Urbanos Sociales de Renca. Estas iniciativas buscan la producción de alimentos sanos a nivel local y el fortalecimiento de los vínculos sociales y comunitarios, o en el caso de Renca, procuran mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante el desarrollo de áreas verdes productivas.
El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Huertos y Agricultura Urbana, ANHAU,  ha encontrado entusiasta respuesta en regiones, y ya se han inscrito participantes de norte a sur del país desde regiones como Tarapacá, Valparaíso, Maule,  BioBio y la Araucanía. Entre los objetivos están fortalecer redes de trabajo colectivo  e intercambiar información y experiencias entre los huerteros. El acceso es libre, tras inscripción en este link: https://docs.google.com/forms/d/1tVQq4N-npjKd3IlwgVrSlbmhaLGPJUbgm8-0pDOrFG8/viewform?edit_requested=true
Huertas y soberanía alimentaria
Como parte de la mesa que discutirá sobre Soberanía Alimentaria, la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, participará en el encuentro el día domingo 23 de noviembre,  con una charla sobre Transgénicos y Soberanía Alimentaria, a cargo de Lucía Sepúlveda.  Las actividades del  sábado y domingo tendrán lugar en la  Casona Anibal Pinto, El Olivar 2739,  paradero 47 de Santa Rosa, 500m. lado poniente.
Al inicio de la mesa intervendrá Julia Franco, de Aldea El Encuentro, a la que seguirá la exposición sobre transgénicos. Luego expondrá Paula Pedreros, de ONG Plan Bee, quien se referirá a Colmenas y Huertos Urbanos.
A las 13 horas del domingo habrá un intercambio de semillas, y a las 13.30 el encuentro concluirá con la firma de la Declaración de Agricultura Urbana al compás de la música de la Zulu Dread Reggae Band.
Entre los patrocinantes de la actividad están la Red de Agricultura Urbana,  la Asociación de Huerteros de La Pintana y  la Fundación San Carlos de Maipo.  Los colaboradores son la Red de Semillas Libres, Nido Textil, Coanil, Huerto Colorido La Bandera, Comunidad de Aguas Villa Las Rosas, Culturas Urbanas, Mesa Vecinal Huertos José Maza; la Junta de Vecinos y  Cooperativa Agrícola José Maza, la Banda Zulu Dread, la  Huerta Comunitaria Hogar Los Girasoles, y Planta Banda. Apoyan la actividad la Universidad Alberto Hurtado, la Municipalidad de Providencia y la fundación La Pintana Sabe Crecer.

Raíces de una Comunidad
Este primer encuentro nacional se inicia el jueves 20 de noviembre con la exhibición del documental "Raíces de una Comunidad", Huertos Villa Las Rosas,  en la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo (Bellavista 0594, Providencia) a las 18:30 horas. El viernes 21, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado (Cienfuegos 41, Santiago),  a las 18:00,  horas se presentarán las ponencias "Contexto de la Agricultura Urbana en Chile", de Sara Granados y "La educación y sus desafíos frente a los nuevos procesos urbanos".
A partir del sábado 22 y domingo 23 la actividad se trasladará a la Casona Aníbal Pinto de La Pintana (Huertos José Maza, El Olívar 2739, paradero 47 de Santa Rosa).  El sábado en la Casona Aníbal Pinto la Mesa A abordará el tema “Huertos Urbanos e Institucionalidad”, partiendo por la historia de los Huertos Obreros y Familiares, analizando el rol de las municipalidades en la agricultura urbana, la naturaleza Viva, y el marco regulatorio Acutal, con participación de Alberto Gurovich, Santiago Rojas (Municipalidad de Providencia), María Contreras y Pablo Contrucci (MINVU). La Mesa B abordará las Economías Locales, con la participación del Colectivo Sustento, una exposición sobre la experiencia en la cárcel de Colina, otras sobre el Cooperativismo, (con Cristián Tellez, Sebastián Olguín y Paloma Prado) y Huellas Verdes (Rolando Rojas Ruz).  Por la tarde, una mesa abordará la Terapia Hortícola, otra abordarél aporte de la agricultura urbana al sistema alimentario local (el centro demostrativo de Producción Agroecológica de La Pintana, con Tania Murillos) y la experiencia de Plantabanda. El programa del día finalizará con actividades musicales y literarias en torno al 78º aniversario de la Cooperativa Agrícola José Maza y el cóctel de rigor.
Domingo de Feria Orgánica e intercambio de semillas
Allí se realizará una feria de diversos productos orgánicos derivados de actividades como cunicultura, avicultura, apicultura, hidroponía, compostaje, lombricultura. También se desarrollarán ponencias que incluirán temas como la historia de los huertos obreros y familiares; el rol de las municipalidades en la Agricultura Urbana y el sistema alimentario; el marco regulatorio actual y los desafíos que genera el plan nacional de desarrollo urbano. Otras materias por tratar serán el impacto de la agricultura urbana en las economías locales; el legado del cooperativismo y su misión en el presente; los alcances de la terapia hortícola en adultos mayores, además de la experiencia de Huerta Girasoles transición Azucenas y otras ONG.
Al cierre del encuentro, al mediodía del Domingo 23 de noviembre, se leerá y firmará la declaración de agricultura urbana y periurbana de La Pintana.
Más información se puede encontrar  en  anhau.blogspot.es  donde también se accede al programa completo de actividades del encuentro.

viernes, noviembre 07, 2014

SAG deja las abejas a merced de plaguicidas peligrosos



Red de Acción en Plaguicidas Chile
www.rap-al.org
6 de noviembre 2014


Ante nuevos episodios de mortandad de abejas por aplicaciones de plaguicidas altamente peligrosos, la Red de Acción en Plaguicidas Chile / Alianza por una Mejor Calidad de Vida reitera su demanda de  inmediata prohibición de los tres insecticidas neonicotinoides, el  imidacloprid (Gaucho), clotianidina (Poncho), thiametoxam (Cruizer), de Syngenta y  fipronil (Regent, de Bayer/Basf) de la familia de los fenil-pirazoles, cuyo uso ya está prohibido en la Unión Europea, y de otros plaguicidas tóxicos para las abejas como el Sevin.  La petición de prohibición de los neonicotinoides (formulada en carta al SAG del 30 de agosto de 2013)  y de los plaguicidas  altamente peligrosos,  no han sido acogidas por lo cual   ahora la reiteramos con urgencia al gobierno de la Presidenta Bachelet.
Comienza la etapa de floración de los frutales, clave para las abejas y se repite este año -ahora en la región del Maule, antes en la del BioBio- el ciclo de mortandad de la Apis Melífera. Sin embargo el gobierno y  SAG continúan haciendo oídos sordos a la situación, sin adoptar medidas de prohibición de los plaguicidas dañinos para las abejas, solicitadas en marzo y agosto de 2013 por RAP-AL Chile y apoyadas ( en su oportunidad) , entre otros por la Red Nacional Apícola RAN y FEDEMIEL, ANAMURI y OLCA. En Chile se hace cada vez más notorio el Síndrome del Despoblamiento de las Colmenas (CCD) que amenaza la continuidad de las tareas de polinización, claves para la producción de frutas, la sobrevida misma de las abejas y el sustento de más de diez mil pequeños y medianos apicultores.
La aplicación de SEVIN, un insecticida cuyo principio activo es carbaryl, del grupo clasificado por la OMS como 1a (altamente peligroso), no permitido en la Unión Europea  pero sí en Chile, es responsable de un nuevo caso de mortandad, esta vez de 30.000 abejas, que tuvo lugar en una fecha comprendida entre el 15 y el 20 de octubre. Se sabe que este insecticida producido por Bayer y vendido en Chile por ANASAC es mortal para las abejas.
La mortandad en videos
El nuevo  afectado es  el apicultor Claudio López, del sector del cerro de Buena Paz, comuna de Molina, región del Maule, aunque muchos otros casos no se hacen públicos. El es polinizador en huertos frutales. Su vecino –no identificado por el denunciante salvo por su apellido, Larraín – dueño de huertos de manzanas de exportación, hizo un raleo de sus árboles con SEVIN siete días después del inicio de la floración, justo a la hora del calor  cuando las abejas salen a pecorear. Poco después se produjo la mortandad de todas las abejas que habían salido  de la colmena a buscar sustento. El apicultor no recibió ningún aviso previo sobre la aplicación. El inspector del SAG de Curicó que visitó el lugar ante la denuncia, sostuvo que se trataba de un insecticida cuyo uso es legal, y no tomó muestras de las abejas muertas. Los hechos están registrados en  un video subido por el apicultor afectado. Pocos días después, otro apicultor, identificado como JHPmiel subió a internet “Polinización en Chile. Muerte de abejas de 17 minutos ilustrando en vivo  los efectos de las aplicaciones con fungicidas en huertos de arándanos y manzanos, mostrando abejas muertas o intoxicadas y señalando que no existen buenas prácticas agrícolas en el manejo de huertos de la región de OHiggins pese a los compromisos asumidos por los productores y exportadores de frutas. JHPmiel afirma en su video que los apicultores dejarán de polinizar si no cesan estas malas prácticas de manejo de los huertos frutícolas.
Sevin es un insecticida, de amplio espectro de acción, con residuos persistentes, que actúa por contacto e ingestión. Es  un veneno agudo para las abejas, y destruye las colonias de las mismas que se alimentan en zonas donde este plaguicida haya sido aplicado. Explica el apicultor López: “Cuando el Sevin  mata a las abejas recolectoras…es como si en una casa los niños se quedaran sin papá y mamá, que son los proveedores, sin ellos los pequeños se morirían de hambre. Las abejas de día salen a buscar el alimento. Si no llegan con él a la colmena, no hay forma de alimentar las crías. Es el ciclo que se cumple.”
Instrucciones de uso
Según las instrucciones de uso, Sevin XLR Plus 480 SC es utilizado para el control de plagas en diversos cultivos y como raleador químico en manzanos. El período de carencia (persistencia del efecto tóxico en este caso en la flor) señalado en la etiqueta es de 70 días, y el de reingreso de personas,  es de 12 horas tras la aplicación. La etiqueta no establece tiempo de reingreso para animales porque su uso es en huertos, sin embargo nada dice respecto de las abejas. En rigor, SAG legalmente debe responder sólo de la sanidad de  animales y plantas, pero como señala la Red Nacional Apícola, los insectos están en tierra de nadie, no son objeto de la atención de esta ni ninguna otra  entidad.
Mortandades similares o más graves  se produjeron el año pasado afectando a otros pequeños apicultores. El apicultor López explica: “Es así como quiebran los apicultores porque no todos pueden alimentar a las crías cuando se quedan sin suministro de polen por la mortandad de las abejas pecoreadoras”. Hasta el año 2013, la versión oficial de SAG era que en Chile no había incidentes que mostraran que en el país también se vivía el síndrome del despoblamiento global de las abejas.
Prontuario del carbaryl
Este insecticida es un compuesto químico perteneciente a la familia de los carbamatos. La marca Sevin es de Bayer (que también produce los neonicotinoides)  pero originalmente carbaryl fue registrado por Union Carbide, la industria responsable de uno de los mayores desastres químicos en Bhopal, India, con miles de muertos. El carbaryl es un inhibidor de la colinesterasa, tóxico para los humanos y las abejas, disruptor de la función hormonal y del sistema inmune. Los ingredientes inertes del carbaryl pueden causar daño genético.
Ha sido clasificado como un potencial carcinógeno para los seres humanos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,  (EPA.) Además de matar abejas y varios insectos beneficiosos, es tóxico para diversas especies de crustáceos.
Desidia de autoridades
Resulta extremadamente curioso que en las normas sobre profesionalización de la polinización que estudia actualmente el INIA y la Universidad Católica junto al Instituto de Normalización (con fondos de INNOVA CORFO),  no se incluya como tema relevante la prohibición del uso de plaguicidas altamente peligrosos en los cultivos frutales. Estas normas estarían siendo discutidas con FedeFruta y el Centro Nacional Apícola, junto a  otras organizaciones de apicultores, fruticultores, Estado, científicos, y consumidores, aunque RAP-Chile no ha sido considerado en esas consultas. El Acuerdo de Producción Limpia APL  del que formaron parte Fedefruta y el Centro Nacional Apícola se discutió en 2012. En la oportunidad, Eduardo Aylwin,   representante de ACHIPIA, la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria, se opuso a que se incorporara el tema de los plaguicidas tóxicos para las abejas y señaló que  los neonicotinoides contaban con amplios registros en la Unión Europea, lo cual a esas alturas ya no era así pues se había anunciado la prohibición y varios países ya no tenían registrado el imidacloprid. Este profesional sigue a cargo del tema plaguicidas en ACHIPIA. En las discusiones actuales,  se destacan hasta ahora otros factores de menor importancia, pero al igual que SAG, estas instituciones público-privadas  continúan omitiendo el dramático costo de la polinización: sucesivas muertes de las colmenas. Fancy Rojas, directora de CEAPIMAYOR (citada en un reportaje de Red Agrícola) señala como valor referencial internacional el siguiente factor de polinización para pomáceas: de cada 10 manzanas, 8 prosperan debido a la intervención de un insecto.
Por estas razones, RAP-Chile sostiene que si existe interés real por contar con una buena producción frutal, es insensato basar este negocio en la destrucción de las abejas y considerar aquello sólo como una externalidad equivalente  al  costo de remplazo de colmenas y de una  eventual alza en el precio de la polinización a pagar a los apicultores.
Tal como se señaló en la sesión especial que tuvo lugar en julio de 2014 en la Cámara de Diputados, se observa en general una descoordinación del Estado con respecto lo que está ocurriendo con las abejas, sin que exista una autoridad responsable de enfrentar el CCD en Chile. No hay voluntad política del gobierno de la presidenta Bachelet para encarar este problema, que se arrastra desde su primer mandato.  Patricia Estay, entomóloga del INIA declaró en la Cámara que entre las causas del CCD en Chile están la afectación por insecticidas, fungicidas y herbicidas. Sostuvo entonces: “Las abejas se utilizan fundamentalmente en la zona central para dar servicio de polinización y lo que ocurre es que en el campo se están aplicando insecticidas y fungicidas, y estos, especialmente los del tipo neurotóxico, están afectando la capacidad de orientación de las abejas, por lo que tienen dificultades para reconocer sus colmenas y sus reinas y ello produce éxodo de las poblaciones y muerte”, detalló, recordando que por ello se han prohibido ciertos insecticidas en Europa.
Nuevos estudios concluyentes
A los estudios ya conocidos desarrollados en Inglaterra y con los cuales se fundamentó la prohibición de la Unión Europea dictada en julio de 2013 del uso de los neonicotinoides, hay que sumar ahora las conclusiones de una investigación  reciente realizada en Harvard que confirma la relación entre muerte de colmenas y uso de este tipo de insecticidas. El estudio (Sub-lethal exposure to neonicotinoids impaired honey bees
winterization before proceeding to colony collapse disorder) de Chensheng Lu, Kenneth M. Warchol y Richard A. Callahan del Departamento de Salud Ambiental  de la Escuela de Salud Pública de Harvard,   del Centro Landmark de Boston, Estados Unidos y la Asociación de Apicultores de Worcester,  publicado en el Bulletin of  Insectology,  cita al imidacloprid y la clotianidina como muy probablemente “responsables de desencadenar el CCD en las colmenas”, según explica el investigador Chenseng Lu.
RAP-Chile ha entregado a SAG toda la información técnica relativa a las medidas adoptadas en 2013 en la Unión Europea, a la que ahora agregamos el nuevo estudio de Harvard, esperando que  el gobierno de Michelle Bachelet  proceda a adoptar finalmente medidas de prohibición de los plaguicidas peligrosos para las abejas, impidiendo que la mortandad de las polinizadoras  se masifique en todas las zonas frutícolas de Chile.
Otros episodios
En otras oportunidades hemos informado sobre mortandad de abejas en Quillón y Liucura (región del Biobio) y en Loncoche (Araucanía), relacionado con fumigaciones en plantaciones forestales y huertos. Otra causa mencionada son los cultivos transgénicos y alimentos  derivados.  En alimentos como la fructuosa y las pastillas vitaminizadoras, suministrados a las abejas y recomendadas oficialmente,  hay  maíz transgénico Bt que envenena a las abejas. En la zona del BioBio, además, hay cultivos de maíz transgénico insecticida, y raps transgénico.
 En la reunión con los funcionarios públicos del sector agrícola, los apicultores del Biobio ya habían manifestado  su preocupación por el uso de neonicotinoides en las uvas para atacar el trips de California y el chanchito blanco, y por el uso de carbaryl en cerezos.
En la mortandad de abejas que tuvo lugar en Loncoche, la denuncia la realizó Apinovena, asociándola a fumigaciones  de frutales “con fungicidas autorizados” en un predio vecino.
Nuestras demandas cuentan con el respaldo de 43 organizaciones campesinas y socio-ambientales, apicultores, consumidores y profesionales del agro y la salud  de las regiones comprendidas entre  Arica yAysén que analizaron este problema en un taller realizado por RAP-Chile en agosto pasado, sobre Agroecología, Comunidades y Políticas Públicas.
Contactos:
M. Elena Rozas celular 09 885 8227
Lucía Sepúlveda fono 22-6997375